03/10/2017 Perú. - En ese contexto, cada vez son más frecuentes los delitos penales que trascienden las fronteras y que obligan a los Estados a buscar formas de colaboración y asociación entre ellos para enfrentarlos de manera eficiente y permanente.

En estos días, Lima es sede de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales 2017, que reúne a representantes de una veintena de países que comparten experiencias y formas de colaboración para enfrentar esta nueva amenaza global. Se trata de fiscales y procuradores de América, Europa y Asia, y los temas por debatir no podían ser de mayor actualidad: corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y recuperación de activos.

Como bien lo dice el fiscal de la Nación del Perú, Pablo Sánchez, en entrevista con el Diario Oficial El Peruano, el delito transnacional está creciendo y, obviamente, debe haber una globalización en la respuesta de los Estados para enfrentarlo.

Aquí la colaboración entre los Estados es la palabra clave, el problema es que, por tratarse de una realidad relativamente nueva, ese apoyo depende por ahora de la buena disposición del Estado al que se le solicita la cooperación, y por eso es importante institucionalizar dicha disposición entre los países.

Tenemos ejemplos de colaboración penal a escala internacional, la Interpol o policía internacional, para la ubicación y captura de un delincuente en el extranjero; la extradición también es otro mecanismo eficiente, aunque previamente pasa por los tribunales, y hay países que tienen como regla la no extradición de sus connacionales. En los últimos años, los países fronterizos han empezado a compartir archivos de antecedentes penales, para advertir el ingreso de personas con antecedentes delictivos.

El objetivo de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales 2017 es establecer mecanismos modernos, ágiles en la lucha contra el crimen transnacional, de manera que el traslado de la información y los elementos de prueba se hagan directamente entre las fiscalías, con el fin de que las pruebas transiten fácilmente sin esperar un procedimiento regular, que es tedioso y muy largo.

En este contexto, resulta interesante la propuesta que prevé presentar el Perú en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en abril del 2018, para crear la Corte Interamericana contra la Corrupción, y que bien podría convertirse en la entidad regional que dicte los lineamientos generales de la cooperación interestatal.

Sin duda, es una buena iniciativa del Ministerio Público del Perú organizar este encuentro, buscar acercamiento con las fiscalías de otras regiones y abordar el problema del crimen internacional, con una mirada conjunta y solidaria.

El caso Lava Jato y el escándalo de corrupción de empresas brasileñas ha puesto los reflectores en una realidad que recién empezamos a tomar conciencia: la globalización del crimen organizado.

En esta jornada participan los 15 jueces supremos que integran las tres salas penales de la máxima instancia judicial; es decir, la Sala Penal Permanente y la Primera y Segunda Sala Penal Transitoria.

Estos magistrados emitirán una sentencia plenaria casatoria sobre la autonomía del lavado de activos, la necesidad de la noción de gravedad en los tipos penales que generan activos ilegales y el estándar de prueba del delito de lavado de activos y su relación con el origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias o actividad criminal que los produce.

Participantes

Como amicus curiae (amigos de la corte) han sido invitados a participar los representantes de los colegios de abogados, facultades de Derecho, asociaciones jurídicas y, de entidades públicas, así como juristas para exponer sus ponencias referidas al tema.

También se tiene prevista la presentación de un informe sobre la materia del representante del Ministerio Público, entidad que solicitó la realización del pleno como consecuencia de la sentencia recaída en la Casación N° 92-2017-Arequipa, de fecha 8 de agosto de 2017, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

La coordinación de este cónclave está a cargo del juez César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

La sesión plenaria empieza a las 9:00 horas en el auditorio del edificio Carlos Zavala Loayza, ubicado en el jirón Manuel Cuadros N° 182, al costado del Palacio Nacional de Justicia.

Un pleno casatorio constituye una reunión de todos los magistrados supremos, en este caso de la especialidad penal, a fin de decidir cuál será el sentido en que debe resolverse cierto tipo de conflicto jurídico.

Planteamientos

A criterio del penalista Luis Lamas Puccio, los magistrados deben precisar si el delito precedente al lavado de activos debe ser parte o no de la estructura típica de este ilícito. Además deberían aumentar los estándares de prueba para que haya más rigurosidad en la imposición de penas a las personas que serán condenadas con prueba indiciaria por delito de lavado de activos, comentó.

A su juicio, este pleno será auspicioso para la comunidad jurídica porque el tema a debatir es jurídico y de política criminal.

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Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=19888&title=fiscales-y-procuradores-de-america-europa-y-asia-contra-el-crimen-organizado