16/9/2017.-El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, orientada a promover y consolidar la intervención del Estado, y lograr resultados eficaces en la lucha contra estos delitos.

Se trata de la primera política nacional diseñada en este campo para prevenir, detectar, investigar y sancionar estos ilícitos, y contribuir así a la estabilidad económica, política y social del país, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

Estructura

Esta política se sustenta en siete principios: legalidad y debido proceso, eficiencia, eficacia, cooperación interinstitucional, cooperación internacional, transparencia y rendición de cuentas, y participación de la sociedad civil y el sector privado, detalla el Decreto Supremo N° 018-2017-JUS que la oficializa.

Contiene cuatro ejes estratégicos. En primer lugar, la prevención, que implica la identificación de los riesgos. En segundo lugar, la detección que consiste en comunicar en forma oportuna las actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, la investigación y sanción penal de esos delitos y, por último, la articulación que comprende el fortalecimiento de la participación activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra esos ilícitos.

La política toma en cuenta las amenazas detectadas en la Evaluación Nacional de Riesgos, como la existencia de cultivos de coca, los remanentes de grupos terroristas, el incremento en la corrupción pública, y las rutas del narcotráfico y contrabando.

Así, constituye el resultado de un amplio proceso de análisis, validación y consenso de 34 entidades de los sectores público y privado, explicó el Minjus.

También se fortalece la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Contralaft), que articula la participación de diversos sectores y es presidida por el Minjus.

Esta comisión está integrada por representantes del Ministerio Público, ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Economía y Finanzas; de Comercio Exterior y Turismo; de Transportes y Comunicaciones; y de Defensa; Policía Nacional; Superintendencia de Mercado de Valores, Devida, INEI, Sunarp y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La secretaría técnica está a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Impacto

A criterio del decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo Arana, resulta plausible la aprobación de esta política nacional.

“En el Perú hemos perdido mucho tiempo en el tema de frenar el lavado de activos, las leyes las hemos ido variando y todavía tenemos déficit de sentencias conseguidas”, explicó. En ese sentido, sostuvo que es muy bueno que se asuma una política nacional. Además, porque considera que el Perú quiere ser reconocido entre los países que realizan un buen combate contra el lavado de activos.

“No es un tema fácil porque hay lobbies que protegen los lavados de activos, algunos que provienen de la droga, de la minería ilegal, pero sí me alegro de que se haya establecido una política”, detalló.

A su vez, considera positivo que en la Corte Suprema se organice un pleno casatorio en materia de lavado de activos.

Apuntes

Podrán integrar la Contralaft el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Contraloría General.

La política nacional aprobada consolida la participación del Perú en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que lo obliga a cumplir recomendaciones y estándares internacionales para erradicar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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Texto original publicado en: http://www.elperuano.com.pe/noticia-peru-disena-politica-nacional-contra-lavado-activos-59377.aspx