La adopción de ciertas prácticas típicas del cumplimiento antilavado por parte de los departamentos de recursos humanos es una de las tendencias más recientes en la industria financiera, especialmente motivada por las sanciones anticorrupción impuestas durante 2016 por las autoridades de Estados Unidos, las cuales superaron los US$ 2.500 millones.

Los grandes bancos están ajustando sus procesos de contratación de personal, para incluir el chequeo contra listas, con la finalidad de detectar posibles lazos de los aspirantes laborales con Personas Expuestas Políticamente (PEPs) o con cualquier otro individuo o entidad que esté en alguna de las listas negras internacionales.

En tal sentido, algunas entidades están reconfigurando sus sistemas internos para permitir que el personal clave del área de contrataciones pueda acceder a algunos de los servicios del área de cumplimiento antilavado. Sin embargo, se está contemplando la participación del equipo de cumplimiento para fortalecer no solo el proceso de selección de los nuevos empleados, sino también mantener un monitoreo más riguroso de los actuales trabajadores de las empresas.

Caso JPMorgan Chase

El enorme riesgo legal que representa la corrupción, quedó demostrado en noviembre de 2016, cuando el JPMorgan Chase acordó pagar más de US$ 264 millones por las prácticas irregulares de contratación que tuvo la empresa para conseguir contratos en China.

Los investigadores demostraron que la filial del banco en Asia contrató y otorgó pasantías a más de 100 individuos relacionados a funcionarios públicos influyentes en unas 10 agencias gubernamentales chinas, con la intención de recibir un trato preferencial en los negocios regionales y algunos financiamientos que representaron una ganancia de US$ 100 millones para el banco.

Las Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés) explicó que en la filial asiática “crearon un programa de contratación que evitaba el proceso de contratación normal de la empresa y premiaba con empleos bien remunerados a candidatos referidos por los ejecutivos de clientes y funcionarios gubernamentales influyentes”.

"JPMorgan participó en un sistema de soborno sistemático mediante la contratación de hijos de funcionarios del gobierno y otros favorecidos que normalmente no estaban calificados para las posiciones", indicó en noviembre Andrew J. Ceresney, Director de la División de Cumplimiento Legal de la SEC, quien agregó que los trabajadores del banco sabían que estaban violando la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés).

Esta investigación formó parte de un proceso adelantado por las autoridades estadounidenses a nivel internacional, especialmente en las jurisdicciones con elevados niveles de corrupción, donde es común la práctica del “quid pro quo” (una cosa por otra) para conseguir nuevos mercados y abrir nuevas oportunidades de negocio.

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